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En nuestro País, lamentablemente debo decir existen grandes carencias institucionales en los organismos encargados de administrar justicia. Estas carencias se observan en la práctica, en la falta de recursos estructurales, de personal, como así también de recursos tecnológicos que permitan acelerar los procesos de investigación, principalmente en el ámbito penal. Para ir comprendiendo a lo que nos estamos refiriendo, primero debemos definir algo muy importante:

“El Ministerio Público Fiscal es parte fundamental en la administración de justicia, compuesta por el Poder Judicial (integrado por jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas) y los Ministerios Públicos: Fiscal y de la Defensa. En su conjunto, conforman las tres partes fundamentales en un proceso judicial. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia(…) “el Procurador o la Procuradora a cargo del Ministerio tienen la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la vida, contra la humanidad, los vinculados al narcotráfico, a la violencia institucional, o al lavado de dinero, por mencionar algunos. Por eso es que en la estructura del MPF se conformaron unidades especializadas, que tienen como fin mejorar el desempeño en el trabajo. Ello requiere sí o sí un Ministerio ágil y abierto a los cambios que la realidad va demandando de modo constante (…). A su vez, los y las fiscales, en los procesos penales, son quienes llevan adelante la investigación de los delitos” (1).

Como observamos en la definición precedente, el llamado Ministerio Público es quien tiene la función investigar los delitos que “tienen una relevancia mayor en defensa de los intereses generales de la sociedad”. Y aquí vamos al punto en cuestión: El principio de legalidad. En nuestro código penal, el art. 71 dice: “sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: Las que dependieran de instancia privada; y las acciones privadas”. Si bien en nuestra legislación Argentina se están modificando los Códigos Procesales Penales con respecto a esta materia (ver mas abajo), en la práctica se utiliza poco. Citando a Cafferata Nores (2), podemos decir que “La realidad indica que en el mundo de hoy no hay sistema judicial que pueda dar tratamiento a todos los delitos que se cometen; ni siquiera a los que él ingresan”. Ante esta crisis de la que venimos hablando, surge una discrepancia entre la vigencia del principio de legalidad y la realidad que hoy día viven nuestros tribunales, no cabiendo a mi entender otra alternativa válida, para ayudar a solucionarla, que bregar por la aplicación del “principio de oportunidad”.

DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN LEY 27.063 (4).

Artículo 31.- Criterios de oportunidad. Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes:

 a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público;

 b) Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional;

 c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;

 d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

¿ Ahora, que quiere decir el principio de oportunidad ?

Según Adrian Marchisio (3), este principio “consiste en la facultad que posee el órgano público encargado de la persecución penal, de prescindir de ella por motivos de utilidad social o razones de política criminal”. Es decir, que si se incorpora de manera práctica este principio, permite discernir y descongestionar el tan congestionado sistema de justicia penal. Vamos a dar un ejemplo práctico para que se entienda mejor el concepto: A una persona determinada le roban su vehículo, sin violencia física, es decir simplemente un delincuente desconocido violenta la puerta del auto y se lo lleva. El dueño del vehículo cuando sale a la calle no lo encuentra. A las pocas horas o días, el vehículo aparece. Aquí comienza un circuito que el dueño del vehículo debe transitar bastante molesto, ya que lo que realmente quiere es recuperar su vehículo por una cuestión de necesidad. La policía que encontró el vehículo, espera que efectivos del área científica se acerquen al lugar donde se encuentra para que se realicen pericias (tomas de fotos y búsqueda de huellas). Luego de esta tarea, el efectivo policial lo debe llevar a la comisaría para que le hagan las pericias numéricas (es decir la verificación si los números de motor y de chasis no han sido adulterados). Luego, se comienza a instruir el sumario y después que el dueño presente toda la documentación pertinente se haga efectivamente la entrega del vehículo. ¿Saben cuanto tiempo puede pasar desde que el vehículo aparece hasta que se entrega a su legítimo dueño?. Días e incluso semanas. Ahora bien, ¿ si usted es el dueño del vehículo sustraído, que es lo que quisiera?. Primera opción: Que le devuelvan lo antes posible el vehículo si ha sido encontrado. Opción 2: Que el seguro se lo abone si el vehículo no ha aparecido. Si aquí el Fiscal, aplicara el principio de oportunidad, simplemente con la presentación de los papeles por parte del titular se entregaría el vehículo y estos tan dilatados tiempos serían bastante mas escuetos. Para que se entienda, ese Fiscal, no sólo tiene que investigar ese hecho, sino también un robo calificado con armas, un suicidio y un homicidio, entre otros, todo al mismo tiempo. Esto es lo que hoy se plantean catedráticos de la materia penal en cuanto a la reforma necesaria para hacer uso efectivo de esta importante herramienta procesal. Países como Inglaterra, Alemania, Italia, Costa Rica, entre otros ya aplican este sistema, porque con el tiempo han comprobado fácticamente que es imposible que un sistema de justicia penal pueda investigar todas las causas que se presenten, simplemente es una utopía. El problema principal es que las “causas graves” y que realmente se necesita una rápida respuesta, sufren estas consecuencias. Todos los organismos que se encuentran operando sobre todas las causas deben; investigar los delitos menores y las causas complejas. Esto se traduce en que en las causas complejas se demore mas tiempo en llevarlas adelante e incluso por la tardanza en la investigación no lleguen a un resultado realmente satisfactorio. Aquí creo que se encuentra la mayor problemática. Pienso…¿ no sería bueno que realmente empecemos a tomar conciencia en que todos los delitos no se pueden investigar al mismo tiempo y empezar a pensar en una justicia de “prevención”?. Es decir, trabajar mancomunadamente con otros organismos del estado para abordar la problemática de prevenir justamente la comisión de todos los delitos. Si bien claramente están en procesos de modificación con respecto a esta temática, habrá que ver cuando se verán los resultados en la práctica diaria y cuando efectivamente se empiecen a aplicar estos criterios. Hoy por hoy, los fiscales piden por las dudas…después veremos…

 

Fuentes:

(1) Ministerio Público Fiscal

(2) Cafferata Nores Ob. Cit., p. 8.

(3) Gimeno Sendra, Moreno Catena y Cortés Dominguez, en Derecho Procesal-Procesal Penal, Tirant lo Blanch, Vañlencia 1993.

(4) Código Procesal Penal de la Nación Argentina.

 

Notas recomendadas:

Apenas el 4% de las causas penales son elevadas a juicio.

La víctima y el principio de oportunidad.

 

 

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